Noticias

Redsag

2017-04-05

Noticia

DECRETO  LEGISLATIVO 6-2014 QUE APROBÓ EL PROTOCOLO DE NAGOYA, PROMUEVE LA PRIVATIZACIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

 

El protocolo de Nagoya se genera del convenio sobre diversidad biológica, este convenio busca la conservación de la diversidad biológica, la utilización de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos, fue negociado en la conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo “Cumbre de la tierra” en Río Janeiro el 5 de junio de 1992 y entró en vigencia el 29 de diciembre de 1993.

 

El 29 octubre del 2010 en una reunión de la conferencia de las partes,  celebrada en Nagoya, Japón, se adoptó el protocolo de Nagoya sobre el acceso recursos genéticos y participación Justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización al convenio sobre la diversidad biológica.

 

El 12 de enero del 1996 fue publicado en el diario de Centro América de Guatemala el decreto 5-95: ratificación del Estado de Guatemala del convenio sobre la diversidad Biológica y el tres de marzo del 2014 fue publicado el decreto legislativo 6-2014 que aprobó el protocolo de Nagoya.

 

El protocolo de Nagoya promueve las condiciones sobre el otorgamiento de concesiones, regalías, acceso para las investigaciones y el derechos de propiedad intelectual sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, sin consultar y tomar en cuenta la visión y el posicionamiento de los pueblos indígenas frente la privatización y comercialización de la biodiversidad y los conocimientos ancestrales.

 

En la actualidad los organismo el Estado han acordado mecanismos para establecer las condiciones de acceso y participación de beneficios que se derivan de los recursos genéticos (que incluye semillas nativas) y conocimientos tradicionales  asociados a esté, además  de  aquellas  condiciones  sobre  las cuales se  va a desarrollar el uso de los recursos, que para  el caso de Guatemala desvirtúan las  formas  de  administración  de  los recursos  comunes  en lo que respecta  a  biodiversidad  en las comunidades  indígenas de Guatemala, pues, estos mecanismos no incluyen la consulta y participación de los pueblos mayas, garífunas, xincas y mestizas de Guatemala, ni toma en cuenta las  propias  formas de administración de  los conocimientos tradicionales  que  han  sido  desarrollado y  adaptados  por  cada uno de  los  actores  comunitarios  involucrados  en su desarrollo  y  conservación,  como lo son  las  autoridades  ancestrales, las  comadronas, los  agricultores, las  mujeres, los   guías  espirituales,  entre  otros.

 

El protocolo también plantea bajo  las  consideraciones  de  “soberanía” de  los  Estados,  la   libre  disposición  sobre  los  recursos  genéticos y   conocimientos  tradicionales,  estableciendo  procedimientos  burocráticos  y discrecionales, sobre  su  utilización e  inclusión parcial de  los pueblos indígenas respecto a las  condiciones  de acceso,  determinado  por  el  desarrollo jurídico  institucional  de   estricta  negociación,  los mecanismos de control sobre   bioprospeccion que desarrollaría  este. Para  lo cual,   son  evidentes  las  amenazas del protocolo  de  Nagoya  en lo que respecta  a:  rompimiento  de  las  practicas de organización  ancestral  sobre  el manejo de  los recursos genéticos y conocimientos  tradicionales  de  acuerdo  a  su  propio  sistema jurídico, la   división comunitaria, por la forma  en que se  condiciona  acceder  a los beneficios,  no se  considera   el principio  de precaución  de  acuerdo  a los  sistemas  de organización y  vida  desde  la  cosmovisión de los pueblos indígenas, la  monopolización  y privatización  de las  formas  en que las  comunidades  “están con la  madre  tierra,  defendiendo  los  derechos de  la tierra.

 

En la actualidad, dentro de la repartición y acceso de los beneficios, se están otorgando contratos de acceso a recursos genéticos y ya existen otorgamientos de  contratos de acceso a  recursos genéticos  en territorios  indígenas, sin la debida información y consulta  sobre  los procesos, esta  situación genera condiciones  que   facilitan  la  ruta  para  el otorgamiento de patentes sobre  el  conocimiento tradicional  asociado a la medicina tradicional y semillas nativa.

 

La empresas transnaciones y nacionales están generando un nuevo mecanismo de despojo del territorio, mediante la privatización y comercialización de la biodiversidad, las semillas nativas y criollas y al conocimiento tradicional, para lograr sus objetivos utilizan instrumentos legales que excluyen los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas y las autoridades ancestrales.

 

La forma en que se aprobó el decreto 6-2014 fue inconstitucional, debido a que en el congreso de la república se pasó como moción privilegiada y de urgencia nacional, para esto se requería de las dos terceras partes de los votos, sin embargo, cuando se adquirió la memoria de sesiones, son se alcanzaron los votos requeridos, esta situación, evidencia la inconstitucionalidad en la aprobación de este decreto.

 

La inconstitucionalidad, las amenazas a la biodiversidad y los conocimientos ancestrales, motivó a las autoridades ancestrales de los Pueblos mayas, Garífunas, Xincas y Mestizos, La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala “REDSAG” y La Alianza Nacional por la Protección de la Biodiversidad –ANAPROB—Plantear ante la Corte de Constitucionalidad un recursos de inconstitucionalidad contra el decreto que aprobó el protocolo de Nagoya y exigieron su  expulsión dentro del ordenamiento jurídico. El 16 de Junio, la corte de notificó sobre la suspensión provisional del decreto y concedió audiencia por quince días comunes al Congreso de la República de Guatemala, al Consejo Nacional de Áreas Protegidas “CONAP” y al Ministerio Público por medio de la fiscalía de Asuntos Constitucionales.

 

Junto con el protocolo de Nagoya, las entidades del Estado también están promoviendo el protocolo de Cartagena, este protocolo, es otro instrumento que promueve la liberación, la experimentación, la comercialización de Organismos Vivos Modificados en Guatemala. Derivado a esto el Organismo Ejecutivo mediante el acuerdo gubernativo 207-2014 le dio vida a la Política Nacional de Bioseguridad de los Organismo Vivos Modificados 2013-2023, y en la actualidad el Consejo Nacional de Áreas protegidas “CONAP” impulsa una serie de talleres para socializar el Reglamento de Organismos Vivos modificados.

 

 

 

 

 

 

 

 

Redsag

2017-04-05

Boletin

Boletin

Redsag

2017-04-05

Semilla

¡Sí a la vida, no a las semillas transgénicas.!

© 2017